Ahora, la Fiscalía ha pedido que se revoque y deje sin efecto dicho nombramiento, recurre directamente ante la Audiencia provincial y no ante el juzgado instructor y pide que este último recurso se debata de manera conjunta con el que presentó para oponerse a la intervención judicial, han explicado las fuentes a Efe. La Fiscalía también recurrió en julio pasado la decisión de la juez de intervenir judicialmente el paquete mayoritario de acciones que posee Ruiz de Lopera y paralizar su venta al empresario Luis Oliver. La Fiscalía consideró que la medida no era ajustada a Derecho y además la juez debería haber impuesto una caución a las tres asociaciones opositoras a Lopera personadas como acusaciones en el caso. Para ello se remitió al artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que "el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado".

La Fiscalía argumenta en su recurso que la presunta gestión fraudulenta de Lopera en el Betis no se puede demostrar hasta que los peritos judiciales no concluyan su informe, ya que hasta ahora solo han presentado el que abarca los años 1993 a 1998 y tienen pendiente de entregar el referido al periodo entre 1998 y 2008. Por ello, el recurso hace referencia a la "dudosa tipicidad penal" de los hechos que la juez imputa al hasta ahora máximo accionista del Betis.

 Fuente www.alfinaldelapalmera.com

COMENTALO EN EL FORO

El auto, en defensa de los socios minoritarios

Con fecha 16 de julio de 2010 la jueza Mercedes Alaya emite el conocido auto decretando las medidas cautelares contra D. Manuel Ruiz de Lopera. Vamos a tratar de resumir su argumentación para posteriormente analizarla.

El auto empieza justificándose a sí mismo pues podría haber una apariencia de irregularidad en él dado que se van a tomar medidas contra una sociedad, FARUSA, que "no ha sido llamada a las actuaciones ni como imputada ni como responsable civil por lo que no podría adoptarse ninguna medida contra ella" (pág. 15), por lo que la jueza inicia su "razonamiento jurídico" invocando que va a utilizar "con caracter excepcional... la teoría del levantamiento del velo" (pág. 2), que en resumidas cuentas es tratar a un conglomerado de empresas como si fueran una única y de un mismo responsable a pesar de que formal y legalmente sean sociedades independientes y él o los administradores no sean los mismos, puesto que las investigaciones acreditarían que tras esa sociedad está una misma persona con un único fin, aunque la realidad jurídica y mercantil estricta diga lo contrario.

Esta práctica jurídica, que de alguna forma soslaya la legalidad estricta de cada sociedad, la jueza Alaya recuerda que sólo se debe "utilizar la doctrina del levantamiento del velo excepcionalmente" (pág. 3), pero que en este caso lo ve plenamente justificado subrayando ella misma que es "con el fin de proteger a los acreedores sociales y en algunas ocasiones a los socios minoritarios en una serie de casos" (pág. 3). Es de señalar aquí que el subrayado de "a los socios minoritarios" no es nuestro sino de la propia jueza realizado con intención de recalcar que entre los supuestos en los que se aplica "excepcionalmente" esta doctrina del levantamiento del velo, ella lo va a hacer "con el fin de proteger... a los socios minoritarios".

En base a todo lo expuesto y tras argumentar el entramado de empresas y recordar cuestiones que según ella acreditarían la existencia del delito imputado, consideraciones que no entraremos a analizar pues no es el objeto de este artículo, adopta una serie de medidas cautelares "existiendo indicios serios de criminalidad contra el Sr. Ruiz de Lopera en base a los hechos específicos que se le han imputado, procede adoptar las medidas cautelares que se dirán en la parte dispositiva de la presente resolución a fin de asegurar en primer lugar, las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, garantizando la efectividad de la tutela judicial en caso del dictado de una sentencia condenatoria, y evitar en segundo lugar y en la medida de los límites de este procedimiento, que pueda cometer hechos delictivos de análoga naturaleza" (pág. 11).

Es decir las medidas cautelares se toman con dos fines:

1. Garantizar que se atienda a "las responsabilidades pecuniarias [económicas]". Por lo que impone una fianza.
   

2. "Evitar... que pueda cometer hechos delictivos de análoga naturaleza", con el objeto de "otorgar adecuada protección a... la propia sociedad y el resto de socios" (pág. 11) dado que "debemos ser conscientes que con el paquete mayoritarios que ostenta FARUSA la misma tiene quorum suficiente para la constitución de las Juntas Ordinarias y quórum suficiente para la adopción de cualquier acuerdo" (pág. 12). Con este fin adopta una serie de medidas inhabilitando los derechos políticos de la totalidad del paquete accionarial, includo el mayoritario a pesar de "el Auto de la Ilma Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 26 de febrero de 2010" en el que se declaraba que no había "indicio alguno de delito" en la compra de las acciones y pues que eran legítimas. Además se le suspendía del cargo de Consejero, por "una razón evidente: evitar la concentración de poder que siempre ha existido en el Real BetIs Balompié" (pág. 12-13)

No vamos a entrar en valorar, como hemos dicho, ni si existen indicios de delitos ó las medidas en sí mismas, sino de la motivación en defensa de los que se toman y que justificarían todo lo demás, que por todo lo visto son de dos tipos

1. "con el fin de proteger... a los socios minoritarios "

2. "para evitar la concentración de poder que siempre ha existido en el Real Betís Balompié".

Una simple lectura del auto evidencia que la jueza Alaya habla obviando la venta de las acciones a Bitton Sport, puesto que si dicha venta hubiera existido es obvio que no sería necesario tomar medidas con "el fin de proteger... a los socios minoritarios" ni con objeto de "evitar... que pueda cometer hechos delictivos de análoga naturaleza", con el objeto de "otorgar adecuada protección a... la propia sociedad y el resto de socios", puesto que Lopera y sus sociedades ya no podrían cometer dichos hechos delictivos al no tener poder otorgado.

¿Acaso no conocía la jueza la venta? Sí, claro que la conocía, de hecho en su propio auto afirma tener "copia de la escritura de compraventa", pero dado que para culminarse la venta necesita "la imperativa autorización previa del Consejo Superior de Deportes" y esta aún no se había producido considera que el proceso aún no ha culminado. Un informe encargado por la propia jueza a la Guardia Civil acreditaba con fecha 14 de julio, y pues anterior al auto, que la compra era real y que tras ella están "potentes grupos inversores" por lo que no podía existir duda de autoventa que haría necesaria tomar medidas "con el fin de proteger... a los socios minoritarios".

Es importante señalar que en este punto de la compra, si bien como dice su Señoría, el grupo Bitton Sport aún no tenía formalmente la transmisión de la titularidad por la necesaria aprobación del CSD, también es cierto que no se puede obviar la escritura de compra venta como si no existiera, dado que ya entraña en sí misma una serie de derechos de Bitton Sport respecto a Lopera y de obligaciones de Lopera respecto a Bitton Sporte, dado que no se aplica aquí ningún supuesto conocido de denegación por el CSD y que existía ya una materialización notarial de la salida de Lopera y sus entidades del Real Betis pendiente de un mero trámite de formalización. En otras palabras, si bien es cierto que la venta no había culminado por no tener aún la autorización, es igualmente cierto que debido a su formalización notarial, Lopera no tenía ya forma de dar marcha atrás a la operación por lo que a todos los efectos se le podía considerar materialmente fuera del Betis.

Nos encontramos pues con una situación de Lopera sin posible marcha atras de su salida del Real Betis y una jueza con pleno conocimiento de causa, por lo que entendemos que si se pretende "proteger al accionista minoritario" y "evitar que puedan cometer hechos delictivos de análoga naturaleza", dado que ya existía una escritura pública de acuerdo de compraventa que en caso de culminar alejaría a Lopera definitivamente del club, y pues evitaría de forma definitiva que puedan cometer hechos delictivos en el club,la jueza debería haber instado al CSD a acelerar la aprobación de la misma para así "proteger al accionista minoritario".

Sin embargo, adopta la medida contraria de solicitar al CSD la suspensión cautelar de la aprobación, por lo que de mantenerse de forma definitiva las acciones las seguiría manteniendo FARUSA, y pues Lopera. No olvidemos que Lopera aún no ha sido juzgado y que en un futuro podría ser declarado inocente. Por ello no se entiende que para "evitar que puedan cometer hechos delictivos" en vez de estimular la salida que ya se había materializado, aunque no culminada, se abra una puerta que permitiría, en caso de ser declarado inocente, que dicho paquete mayoritario vuelva a pasar a manos de FARUSA cuando ya se había desprendido de él. Es como si un maltratador -y ponemos este ejemplo sólo por que se entienda, no por analogía- se aleja voluntariamente de la mujer para siempre y una jueza le dice que para proteger a la mujer cautelarmente vuelva a su casa aunque, provisionalmente, no pueda salir de su habitación, pero ojo, que si gana un recurso o un juicio ese hombre saldría de la habitación gracias a la jueza, que lo trajo de nuevo a casa cuando ya se había ido. Es un contrasentido en sí mismo.

Su Señoría no puede ni debería haber obviado esta realidad, pero le ha sido necesario hacerlo por cuanto le es una condición imprescindible para mantener su argumentación, ya que como hemos dicho si ella aceptara que la venta no tiene marcha atrás posible su auto se desmontaría como un castillo de naipes puesto que no hace falta proteger a socios algunos de alguién que ya no tiene poder en la sociedad.

Por último señalar que la jueza pretende insinuar que también le motiva a tomar las acciones el que piensa que Lopera haya tomado la determinación de la venta por evadir la acción de la justicia pero sin embargo no lo acusa formalmente de alzamiento de bienes, que es lo que debería haber hecho si tiene dicho supuesto.

Segunda parte

En la segunda parte de este escrito analizaremos la verdadera motivación que esconden estas medidas y que la propia jueza nos lo reveló, que no es otra que aprovechar la circunstancia para "evitar la concentración de poder que siempre ha existido en el Real Betis Balompié" y cuyas últimas medidas encaminadas al único objetivo de expulsar a un consejo legítimo y consegir celebrar una junta que tiene como único objetivo culminar su gran proyecto de un Betis "sin concentración de poder" ó en definitiva promover una revolución en una sociedad según los postulados opositores pero siendo esta totalmente ajena a sus competencias e instrucción.